Para ser un gobierno que se ha caracterizado por menoscabar el acceso a la información, el que haya procurado obtener detalles específicos de periodistas, estudiantes y usuarios de Facebook con tal de procesar criminalmente a universitarios es, como mínimo, una hipocresía. Como máximo, es una posible violación de derechos civiles.
Por Emmanuel Estrada López • 14 de octubre de 2019 | ONCE
La memoria es corta, los dirigentes políticos cambian y la historia puede repetirse.
Opinión de conformidad del juez asociado Antonio S. Negrón García, Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650, 700 (1988)
En el Puerto Rico de las múltiples crisis –la fiscal, económica, demográfica, educativa, climática, energética, laboral, de corrupción, de violencia, de género, de vivienda, de planificación; la crisis, en fin, que usted quiera añadir– se hace obligatorio reír para no perder la compostura (no digamos ya las ganas de seguir aquí).
De lo que se trata, aclaro, es de una risa incrédula, de esas precedentes a la rabia de sobrevivir en un país que, contando con muy pocas excepciones, está jodío por donde quiera que se mire.
Es en ese contexto que conocimos de un suceso que debería estremecer la consciencia de cualquiera que le preocupe por dónde van las cosas acá.
La ciudadanía puertorriqueña, por diseño de los sistemas educativos público y privado, conoce muy poco de su historia. Peor: la que conoce está descontextualizada o parcializada. O lo que es lo mismo: incorrecta. Esto lo afirmo desde la humildad de no saberlo todo y desde la responsabilidad diaria de desaprender la ignorancia.
Justamente por eso, cuando episodios nefastos del pasado se repiten en el presente, habrá –de nuevo, contando con muy pocas excepciones– quien ignore, y por ende le despreocupe, el poder inconmensurable que tiene el Estado frente a sus ciudadanos.
Hace unos días la prensa publicó que el Departamento de Justicia obtuvo el 5 mayo del 2017, cuando la agencia era dirigida por la hoy gobernadora Wanda Vázquez Garced, una orden de registro contra Facebook que le permitió acceder a más de 1,553 páginas de información. Esto incluyó, se alega, aquella privada de periodistas, estudiantes y usuarios que administraban, o interactuaban con, los perfiles de los medios Diálogo, Pulso Estudiantil y el Centro de Comunicación Estudiantil.
La orden, expedida por el juez Rafael Jiménez Rivera, se dio en el contexto de la etapa investigativa del procedimiento criminal que iniciaría formalmente cuatro días después, el 9 de mayo, contra siete de al menos una cincuentena de estudiantes que irrumpieron, el 27 de abril del 2017, en una reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico en repudio al plan fiscal propuesto para esa institución. El juicio está señalado para noviembre próximo, y el proceso ha sido criticado por vicios de discrimen político y selección caprichosa de los acusados.
Pero la duda que ahora tienen ellos –y también periodistas, estudiantes y usuarios– es qué, de las 1,553 páginas, se utilizó para identificarlos o procesarlos. Y qué, de esas mismas páginas, no son pertinentes al caso. El periodo objeto del registro eran tres días: del 26 al 28 de abril. Habría que preguntarse, entonces, por qué tantas páginas.
Quizás se debe a que el agente Luis Lasalle Vargas solicitó registrar la galaxia y el juez Jiménez Rivera autorizó registrar el mundo: números de teléfono, facturas y pagos, mensajes en los inbox y en los chats, searches dentro de Facebook, fechas y horas de conexión y desconexión, coordenadas de GPS, cambios de nombres, contenido subido, editado o borrado, y lo obvio: fotos y videos.
Todo eso, de nuevo, para cada usuario –fuese periodista, estudiante o un tercero– que administró o interactuó con cualquiera de los tres medios en alguno de aquellos tres días de abril.
Parece que al Estado no le bastaba con ver, como al resto de los puertorriqueños, los videos que publicaron los distintos medios y descargarlos sin más. No: también quería saberlo todo.
Para un gobierno que se ha caracterizado por menoscabar el acceso a la información, o peor aún, ocultarla (empezando por las muertes del huracán María, pasando por mantener estadísticas obsoletas y terminando con la reciente aprobación de leyes que obstaculizan la entrega de datos e información pública) esto es una hipocresía. Y por supuesto: una línea que ya cruzó antes.
De ahí que este evento no debe dejarse desatendido como una noticia más destinada a morir en el acelerado issue-attention cycle propio de nuestros tiempos.
Comparado con el resto del mundo, Puerto Rico es un país en pañales, un país cuyas lecciones debieran estar frescas en su memoria.
Hace 31 años que el Tribunal Supremo resolvió Noriega v. Gobernador (noviembre del 1988). Allí el gobierno admitió tener sobre 74,000 expedientes abiertos ilegalmente de ciudadanos “independentistas”, “separatistas” o “subversivos”, categorías que en realidad incluían a todo aquel o aquella –y ciertamente aquelles– que creían en otra cosa distinta al statu quo o el anexionismo.
La diferencia esta vez es procesal, más no sustantiva.
Procesalmente, las “carpetas” eran ilegales porque no había una orden judicial, un elemento que sí está presente en la orden de registro contra Facebook –por errada que nos parezca–.
Sustantivamente, sin embargo, el contenido de lo registrado es igual o peor que la práctica del “carpeteo” de antaño –facilitado, claro, por el arma de doble filo que es la tecnología–. Puede resultar absurda la cantidad de información solicitada, pero el agente Lasalle Vargas fue específico –imperativo constitucional de toda orden de registro– por lo que el juez Jiménez Rivera tal vez pensó que tenía poco espacio para desautorizarla. Tal vez.
Forma y el contenido aparte, Facebook falló en notificar en 90 días de la intervención con las cuentas. Lo anterior impone la pregunta, sobre todo para los medios y los periodistas, de cuántas veces esto habrá sucedido antes. Ese es otro problema más complejo que no tiene solución inmediata.
Hay otro, en cambio, que sí.
A primera vista, todo apunta a que ocurrió una violación de la libertad de asociación y de prensa y del derecho a la intimidad mientras el Estado investigaba, como le corresponde, hechos potencialmente criminales.
Las personas cuya información privada se presume está en esas 1,553 páginas no saben qué el gobierno sabe de ellas hace dos años –tiempo más que suficiente para conocerlas bien–.
Los abogados de los siete universitarios acusados ya adelantaron que cuestionarán, en el juicio, la validez de la orden de registro. Lo que procede –y lo que procuraremos hacer quienes entendemos estar afectados por una acción estatal excesiva en ausencia de actividad y evidencia inculpatoria– es solicitar aquellas páginas impertinentes al procedimiento criminal para que nos sean devueltas.
Es lo menos que nos debemos como sociedad. Lo contrario sería una crisis más.
Emmanuel Estrada López es periodista y editor en ONCE. Lo consigues como @estrada_PR en Twitter o vía emmanuel.estrada13@gmail.com.