¿Dónde hacerse las pruebas de COVID-19?

Por Cristina del Mar Quiles y Rafael Díaz Torres | Centro de Periodismo Investigativo

“Pero usted no se ve grave. ¿Usted caminó hasta acá o lo trajeron?”

“Esa tos suya no es una tos seca, como la del virus. Es una tos mojada como la de la gripe”.

Carlos Del Valle, un hombre de 65 años de edad, denunció el pasado 19 de marzo que un doctor del Centro Médico en Río Piedras se negó a hacerle la prueba de COVID-19, a pesar de contar con un referido de su médico, quien le confirmó que podía ser un caso de riesgo por presentar los síntomas y haber estado expuesto a personas infectadas con el virus.

“Soy mayor de edad, tengo diabetes y me siento débil”, le explicó el hombre al médico, quien no encontró esas características como suficientes para autorizar la prueba administrada por el Departamento de Salud.

Del Valle no es el único que ha pasado por esta experiencia. El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) tiene conocimiento de al menos nueve casos en los que el Gobierno se negó a hacer la prueba de COVID-19 la pasada semana.

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La sobrina de Luz Otero se encuentra bajo cuidado intensivo tras haber sido internada por coronavirus el viernes pasado. Tiene 30 años y trabaja en el aeropuerto Luis Muñoz Marín.

Comenzó a tener fiebre el domingo, 15 de marzo, por lo que no pudo completar su turno de trabajo en una tienda del aeropuerto. El lunes, cuando ya estaba en efecto la orden de distanciamiento social y toque de queda firmada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, su condición empeoró. Muchos doctores tenían sus consultorios cerrados, por lo que Otero optó por consultar con un médico, amigo de la familia, que le recetó las pruebas de micoplasma e influenza sabiendo que hacerse la prueba de coronavirus sin tener esas primero sería difícil. Los resultados estuvieron listos el martes y fueron ambos negativos.

Le hicieron análisis de orina y placa de pecho, que tampoco ofrecieron información para un diagnóstico. La mujer continuó debilitándose en el transcurso de la semana y el médico hizo finalmente la orden para la prueba de COVID-19, que se le realizó el viernes, 20 de marzo en unas carpas habilitadas para este propósito en las instalaciones de Centro Médico. Allí, contó Luz, tuvo que esperar más de tres horas, con el sol encima, para que personal médico le tomara la muestra a su sobrina, a pesar de que no había muchas más personas esperando. La joven fue hospitalizada ese mismo día y recibió tratamiento para pulmonía hasta que el domingo llegó la confirmación de que estaba contagiada con COVID-19, una semana después de que presentó los primeros síntomas.

“No hubiese llegado a la condición en que está si el mismo martes, una vez da negativo a influenza, micoplasma y al CBC, vamos a la carpa de Centro Médico y le hacen la prueba de COVID-19. Yo estoy segura que no hubiésemos llegado a este punto”, apuntó Otero frustrada.

“Mi sobrina es una muchacha saludable. Tiene 30 años”, narró frustrada.

Contó que una compañera de trabajo de su sobrina que presentó síntomas más tarde en la semana, sí pudo acceder a la prueba en menos tiempo, y también arrojó positivo. Se encuentra recuperándose en su casa.

El factor tiempo, consideró Otero, es determinante.

Por su parte, Chris Cortés narró al CPI que no fue hasta una segunda visita al hospital San Francisco en Río Piedras que a su abuelo de 80 años le autorizaron la prueba de COVID-19. Una semana antes, el sábado 14, el hombre había llegado en ambulancia a la misma institución con síntomas de fiebre y debilidad; había obtenido resultados negativos a las pruebas de micoplasma e influenza. En ese momento, ningún personal médico sugirió que se le hiciera la prueba de COVID-19. Lo dieron de alta ese mismo sábado 14.

Tras su regreso al hospital una semana después, finalmente declararon al hombre como un caso sospechoso de COVID-19 y le hicieron la prueba el lunes 23. Dos días más tarde, arrojó positivo.

Ante experiencias como estas, varios municipios han tomado la iniciativa de administrar o comprar sus propias pruebas sin depender de la coordinación con el Departamento de Salud.

Municipios activan sus iniciativas

Ya son 13 los municipios han anunciado la administración de la prueba del COVID-19 en laboratorios e instituciones hospitalarias con las cuales llegaron a acuerdos para atender la demanda de sus residentes. Sin embargo, el proceso de hacerse la prueba carece de uniformidad debido a que cada municipio tiene criterios distintos para establecer qué personas podrán recibir este servicio y cómo se administrará el mismo.

Los municipios que ya proveen el servicio de pruebas son San Juan, Bayamón, Caguas, Carolina, Ponce, Mayagüez, Manatí, Fajardo, Naguabo, Canóvanas, Añasco, Cataño y Humacao. Además, Isabela, Hatillo, Quebradillas y Rincón actualmente negocian con laboratorios privados para la compra de pruebas.

San Juan y Canóvanas comenzaron a hacer las pruebas en la tercera semana de marzo. Hasta este lunes, San Juan había hecho 501 y Canóvanas 20 pruebas, y tenían resultado para uno y dos positivos, respectivamente. El resto de los municipios comenzaron a hacer los diagnósticos apenas hace unos días, por lo cual todavía aguardan por los resultados.

Mientras unos municipios requieren la visita a un médico que atienda presencialmente al paciente, en otros ayuntamientos la evaluación telefónica es suficiente para autorizar la administración de la prueba. Algunos municipios como Bayamón, están costeando la prueba solo a empleados municipales, y otros, a la ciudadanía en general. En unos casos, se han establecido servi-carros para hacerse la prueba, y en otros, el CDT o los centros de servicios de salud de administración municipal intervienen en el proceso. Además, municipios como Carolina han delegado todo el proceso en una institución privada. En esta ciudad, el Hospital San Fernando opera como una alianza público-privada entre el gobierno local de Carolina y la corporación Doctor’s Center.

La falta de uniformidad entre los municipios que gestionan la prueba de COVID-19 pone de manifiesto la ausencia de un protocolo o guía nacional coordinada desde el Departamento de Salud y plantea la pregunta de si se está dando una recopilación uniforme de los datos de las personas a las que se les hace la prueba.

Municipios como Naguabo y Fajardo confirmaron al CPI que no dependen de la aprobación o directrices de Salud. “Se consulta con la Epidemióloga del Estado, pero se hace sin permiso del Estado. Se le da conocimiento, pero no se espera por el Estado”, dijo al CPI el alcalde de Naguabo, Noé Marcano.

El primer mandatario naguabeño explicó que su decisión de no querer coordinar con Salud fue influenciada por una experiencia en la cual la agencia del Gobierno central tardó en responderle al municipio una solicitud de hacerle la prueba a una paciente con los síntomas asociados al COVID-19.

En el caso de Fajardo, la gestión con Salud se limita a informar, ya que la coordinación se hace con el hospital privado Caribbean Medical Center, según informó la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Desastres al CPI.

En Añasco, las pruebas son realizadas por el Laboratorio Castillo, luego de obtenerse el referido que un médico privado de cabecera le hace al residente de ese municipio con los síntomas asociados al COVID-19. Ese mismo médico – y no el Gobierno municipal – será quien se comunicará con el Departamento de Salud, según informó al CPI la Comisionada de la Policía Municipal de Añasco, Lizbeth Cruz. En ese contexto, el rol del municipio será pagar por la prueba que se le realice en el laboratorio privado al residente de Añasco.

En Añasco, la comunicación con Salud no se realiza a través del Gobierno municipal. Según informó la Comisionado de la Policía Municipal, la oficial Lizbeth Cruz, al CPI, es el médico privado de cabecera que autoriza la prueba de COVID-19, la persona encargada de comunicarse con el Departamento de Salud para informar sobre el referido hecho a un paciente.

La mayoría de los funcionarios municipales que conversaron con el CPI informaron que aquellos pacientes con síntomas reciben primero las pruebas de micoplasma e influenza. De salir negativos en estas pruebas, se procede a hacer la autorización para administrar la de COVID-19. En otros municipios, la manifestación de síntomas medianos y severos es razón suficiente para que un médico autorice la administración de la prueba de COVID-19.

Pero esto puede presentar un problema.

“A veces el micoplasma positivo no impide que tenga coronavirus. Por eso, es importante la evaluación clínica”, explicó al CPI, el Dr. Carlos Mellado, quien trabaja en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Canóvanas, que es uno de los municipios que administra las pruebas de COVID-19 a sus residentes.

“Salí positivo al micoplasma. Entonces no me quisieron hacer la prueba del COVID. Pedí copia de mis resultados porque de mis laboratorios del CDC, mi internista los quería ver y es con esas pruebas que yo le envío a mi internista y mi internista me dice que necesito que sigas insistiendo en la prueba porque tú tienes algo viral”, denunció una mujer de 31 años a Telemundo de Puerto Rico, luego de que el Centro Médico le negara la prueba de COVID-19 por haber dado positivo a micoplasma. Días después, finalmente le hicieron la prueba y arrojó positivo a coronavirus.

Otro de los criterios utilizados por los municipios para decidir a qué personas se les administra las pruebas es la manifestación evidente de aquellos síntomas asociados al virus.

“Los recursos deben usarse para quien tiene síntomas, desde medianos, hasta agudos. No queremos que gente con síntomas leves le quiten a alguien con síntomas más severos”, expresó, por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, en entrevista con el CPI. El municipio informó que a la fecha ha realizado 501 pruebas y de estas, 1 ha dado positivo y 485 están en espera de resultados. También indicó que proyectan hacer unas 25 por día.

San Juan fue el primer municipio en anunciar la administración de pruebas de COVID-19. Los residentes de la capital pueden recibir el servicio a través de un sistema de servi-carro ubicado frente al CDT de Río Piedras, siempre y cuando reciban el cernimiento médico previamente.

El criterio de solo administrar la prueba a personas con síntomas severos presenta la interrogante sobre cómo manejar los casos de personas asintomáticas, que, según expertos, representan la mayoría y son el principal foco de contagio.

Los traspiés del Gobierno de Puerto Rico y el federal para hacer pruebas

Cuando el Gobierno de Puerto Rico informó del primer posible caso de COVID-19 en la isla el domingo, 8 de marzo, todos los hospitales y centros de salud en Estados Unidos dependían exclusivamente de la prueba desarrollada por los CDC para confirmar o descartar sus sospechas de la enfermedad causada por coronavirus.

A esa fecha, Estados Unidos apenas había confirmado 541 casos en todo el país y hecho poco más de 3,000 pruebas.

La metodología que se desarrolló en los CDC se basa en una técnica molecular que se conoce como PCR (reacción en cadena de polimerasa). Consiste en detectar el material genético ARN (ácido ribonucleico) del virus y replicarlo de manera exponencial para poder identificarlo. Toma entre cuatro y seis horas llegar a un resultado desde el momento en que se comienza el análisis de la muestra en el laboratorio.

“Requiere una maquinaria especial y por eso es que es bastante complejo y toma bastante tiempo hacerlo”, explicó al CPI el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, Juan Rexach.

Para su aplicación en Estados Unidos, la metodología específica de los CDC cuenta con una Autorización de Uso de Emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos (FDA), que viabiliza que “productos médicos no aprobados, o usos no aprobados de productos médicos aprobados, se utilicen en una emergencia para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades graves cuando no existen alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles”.

El 4 de febrero de 2020, el secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, determinó que la emergencia de salud pública justificaba mecanismos para la detección rápida de casos de COVID-19. Esto implicó acelerar los procesos para que compañías y entidades de investigación científica pusieran en uso sus propias metodologías para la detección del coronavirus sin tener que pasar por el proceso regular de la agencia, que suele ser largo y oneroso.

Los CDC fue la primera entidad que obtuvo la autorización de uso de emergencia, el mismo día de la declaración de Azar. Y al día siguiente, el 5 de febrero, comenzó la distribución de kits para que laboratorios en los estados y territorios pudieran replicar la prueba sin necesidad de mandar las muestras a Atlanta, donde ubica la sede de los CDC.

Sin embargo, en el proceso de validación de las pruebas por parte de los laboratorios, la mayoría obtuvo resultados inconclusos y unos pocos, incluyendo los del estado y la ciudad de Nueva York, hoy epicentro de la pandemia, tuvieron problemas con dos de los reactivos. Un reactivo es el material químico o biológico que se utiliza para procesar una muestra y obtener un resultado.

Durante el tiempo que tomó fabricar nuevos reactivos, todas las muestras de posibles casos tuvieron que ser enviadas a Atlanta, según lo indicó el 12 de febrero Nancy Messonnier, directora del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC.

No fue hasta dos semanas y dos días más tarde, que Messonnier informó de una solución al problema. Indicó que los laboratorios podrían seguir utilizando los kits descartando los reactivos que dieron problemas, pues ya se había concluido que estos no afectan el resultado de la prueba. Además, los CDC ordenaron la producción de más kits para su próxima distribución.

Pasaron otras dos semanas y el 13 de marzo, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció que el Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud comenzaría a realizar la metodología de los CDC en la isla.

De otro lado, el 12 de marzo, la FDA comenzó a emitir autorizaciones de uso de emergencia – como la que otorgó a los CDC – a compañías comerciales para que desarrollaran sus propias pruebas. La primera autorización a una compañía privada la obtuvo la suiza Roche Molecular Systems. Desde ese día, otras 17 compañías han obtenido la autorización de uso de emergencia para sus metodologías de PCR. Entre estas, se encuentran las gigantes de pruebas de laboratorio Quest Diagnostics y LabCorps.

Es a través de estas dos compañías que algunos municipios en Puerto Rico han gestionado el análisis de muestras a sus empleados o ciudadanos. Requieren que el personal de enfermería o de tecnología médica inserte un qtip por la nariz hasta la garganta, donde se encuentra la mayor carga viral.

Según explicó Rexach, esta muestra se coloca en un empaque con un líquido especial y se envía al laboratorio para el análisis. En el caso de los municipios que han establecido acuerdos con Quest y LabCorps, deben enviar sus muestras a las oficinas de esas compañías en Estados Unidos y estas enviarán los resultados en entre cuatro y seis días.

 

Guías federales contrarias a las recomendaciones internacionales

La dificultad en obtener la prueba para personas que podrían estar contagiadas ha sido la constante desde el inicio. Por las primeras dos semanas desde que el 9 de marzo se envió la primera, hubo días en que Salud no envió ninguna muestra a analizar y otros en que envió hasta 46, para un promedio de 36 diarias. Esta cifra es 14 menos que la capacidad mínima de 50 al día que la exepidemióloga del Estado, Carmen Deseda, anunció que podía analizar el Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud.

El nuevo secretario de Salud, Lorenzo González, dijo que implementará un tercer turno en el Laboratorio de Salud Pública del Departamento de Salud para aumentar la capacidad de análisis a 150 muestras diarias. Además, activaría el laboratorio del Dengue Branch adscrito a los CDC. De conseguirlo, se podrían procesar hasta 300 muestras cada día.

A casi tres semanas de la primera sospecha de la presencia de coronavirus en la isla, las guías sobre quiénes pueden realizarse la prueba, aunque se han flexibilizado un poco, siguen siendo estrictas y contrarias a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al modo de actuar de otros países que parecen haber superado la peor parte de la pandemia.

“Debido a la escasez a gran escala de suministros y reactivos de laboratorio, instamos encarecidamente a los profesionales de la salud pública y la atención médica a priorizar las pruebas COVID-19 entre tres grupos específicos”, lee la declaración que emitieron conjuntamente el viernes, 20 de marzo, la Asociación de Oficiales de Salud Estatales y Territoriales, la Asociación de Laboratorios de Salud Pública y el Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales. Juntas, estas tres organizaciones representan prácticamente toda la infraestructura de salud pública en Estados Unidos.

Los tres grupos en los que sugieren concentrar las pruebas son trabajadores de la salud y socorristas con síntomas de COVID-19; estadounidenses mayores que tienen síntomas de COVID-19, especialmente aquellos que viven en entornos congregados; e individuos que pueden tener otras enfermedades que serían tratadas de manera diferente si estuvieran infectados con COVID-19 y, por lo tanto, el juicio del médico es especialmente importante.

Esta misma escasez la reconoce el Departamento de Salud de Nueva York, que actualmente batalla con el aumento exponencial de casos cada día. La autoridad salubrista fue aún más lejos al establecer que personas enfermas con síntomas leves no serán examinados para coronavirus.

“Si cree que tiene COVID-19 y su enfermedad es leve, no necesita ver a su proveedor de atención médica y no se le realizará una prueba. Hacerse la prueba no cambiará lo que su proveedor le dirá que haga para mejorar. Le dirán que se quede en casa para que no enferme a otros”, dice su más reciente guía.

“A menos que esté hospitalizado y un diagnóstico afecte su atención, no será examinado. Limitar las pruebas protege a los trabajadores de la salud y ahorra suministros médicos esenciales, como máscaras y guantes, que son escasos”, establece.

Asimismo, las guías de los CDC establecen que “no todos necesitan hacerse la prueba de COVID-19”. En la página oficial, la entidad federal justifica esta aseveración indicando que “la mayoría de las personas tienen una enfermedad leve y pueden recuperarse en casa” y que “no existe un tratamiento específicamente aprobado para este virus”.

Los CDC dejan a discreción de los departamentos de salud estatales y locales, o los médicos individuales, las decisiones sobre quiénes deben realizarse las pruebas.

A la espera de más de un millón de pruebas rápidas 

Los miembros del task force médico han reiterado que existe una escasez de equipo médico y materiales para las pruebas.

“Estamos tratando de conseguir pruebas de donde no hay”, dijo el ginecólogo obstetra Juan Luis Salgado, miembro de ese equipo de trabajo.

“No hay pruebas y estamos haciendo cosas indecibles. Estamos luchando contra el mundo. No es que no queramos hacer las pruebas, es que está bien difícil conseguirlas”.

El sábado, la miembro del task force médico y directora ejecutiva interina del Centro Comprensivo de Cáncer, Marcia Cruz Correa, informó que Salud había ordenado la compra de 1,350,000 pruebas.

De estas, 1,300,000 son las llamadas “rapid test” o pruebas serológicas, que consisten en tomar una muestra de sangre para analizar la presencia de anticuerpos al virus. Un millón  fueron ordenadas por el DS a una compañía en Australia, y las restantes 300,000 a otra compañía china, indicó Cruz Correa.

“Estas pruebas están diseñadas para cernimiento. No te dan un diagnóstico definitivo”, resaltó Rexach.

“No buscan el virus, sino la respuesta del cuerpo al virus, que son los anticuerpos”, agregó. Según el tipo de anticuerpos que se detecten, se puede tener una idea de cuánto tiempo lleva una persona con el virus.

Ante la situación de emergencia, la FDA delegó en cada estado y territorio, el diagnóstico y tratamiento para el virus. “Así que la Gobernadora tiene la autoridad, sin la autorización de la FDA, de establecer qué mecanismos se van a utilizar aquí en Puerto Rico”, comentó Rexach.

Además, la sensitividad y la especificidad de la prueba, valores que apuntan a su confiabilidad, depende de la compañía que las desarrolla y el estudio que esta haya realizado inicialmente.

“Por eso, ese sello de calidad de FDA que ahora mismo no está requerido es bien importante. Ahora, por ser un campo gris, tenemos que dejarnos llevar por lo que dice el manufacturero. Por eso, es importante e imperativo que en nuestro sistema de salud se establezca un mecanismo de control de calidad”, añadió Rexach.

La importancia de estas pruebas rápidas radica en la posibilidad de establecer un sistema y rastreo de casos y precisar el ritmo de aumento de casos positivos diarios.

Con los datos recopilados hasta ahora, el epidemiólogo del task force médico, Juan Carlos Reyes, pudo establecer de manera preliminar que los casos se duplican cada 3.5 días, y que actualmente se duplica cada tres días y medio.

El sistema de vigilancia rápida debería iniciar este lunes o martes, según informó el director del task force médico, Segundo Rodríguez Quilinchini en conferencia de prensa el sábado.

“La meta del equipo es que, comenzando el lunes, vamos a tener un sistema de rapid tests y vigilancia con el que realmente podremos decirle a la gente si los números van a seguir aumentando a un ritmo muy rápido o si somos capaces de contenerlo y que, en vez de que sea (el ritmo de contagio) tan rápido, sea más lento”, estableció Cruz Correa en entrevista con David Begnaud.

Explicó que los rapid tests son solo para personas que presentan síntomas, pues realizarlo en una persona contagiada, pero asintomática, arrojaría un falso negativo. Explicó que el nivel de sensitividad de esta prueba es de 95%, por lo que solamente podrían ocurrir falsos negativos en el 5% de los casos. Para esos pacientes, si los síntomas persisten, se recomendaría una prueba molecular o PCR que permitiría definitivamente descartar o confirmar la presencia de COVID-19.

“Debido a epidemia, debido a los datos que tenemos, debido a la exactitud de diagnóstico de la prueba, si una persona arroja positivo a la prueba serológica, es considerado un positivo. No necesitamos confirmar”, apuntó Cruz Correa.

El secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Osvaldo Soto, informó que el Negociado de Manejo de Emergencias en coordinación con el Departamento de Salud recibió el sábado 1,000 kits de rapid tests, y que este domingo se esperaban otros 5,000.

De acuerdo con información provista de parte del task force médico, Salud también sometió una orden de compra de 50,000 pruebas del tipo PCR a Quest.

Las pruebas son gratuitas

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) emitió el 11 de marzo una carta normativa que establece que “toda organización de servicios de salud y asegurador que suscriba planes médicos comerciales deberá proveer cobertura para las pruebas de diagnóstico del COVID-19, conforme al criterio médico ordene y sujeto a los términos sobre deducible o copago aplicable a la cubierta de laboratorio en el plan médico o póliza de seguro del asegurado”.

El CPI se comunicó con la OCS, y el subcomisionado, Rafael Cestero, explicó que la cobertura para las pruebas de diagnóstico de COVID-19 aplica a todas, incluyendo los “rapid tests”. Según Cestero, la aprobación de la “Families First Coronavirus Response Act” federal establece que las aseguradoras y organizaciones de servicios de salud están requeridas de cubrir las pruebas de COVID-19.

De igual forma, la procuradora del paciente en Puerto Rico, Edna Díaz de Jesús, validó que “la entidad aseguradora está obligada a satisfacer la totalidad del pago de las pruebas del COVID-19, garantizando así que el paciente pueda recibir el servicio sin costo alguno”.

Asimismo, el subprocurador del paciente, Alexie Lugo Canales, habló con el CPI e instó a los ciudadanos a guardar sus recibos de laboratorio y comunicarse con la Oficina del Procurador del Paciente si enfrentan problemas con el pago y desean radicar una querella.

Asoman nuevas opciones de pruebas, pero escasean los materiales

El pasado lunes, la FDA anunció una nueva política que permite que los laboratorios estatales y territoriales de salud pública autoricen las pruebas en otros laboratorios sin la necesidad de aprobación federal adicional. Con esta autorización, el Laboratorio Clínico Toledo, con sede en Arecibo, inició el miércoles las pruebas y tiene la capacidad de procesar 1,000 por día.

La FDA también otorgó el viernes, 20 de marzo, una autorización de uso de emergencia a la compañía Cepheid para el uso de su metodología de PCR rápida (Xpert Xpress SARS-CoV-2 test), que permitiría realizar el análisis de la muestra en alrededor de 45 minutos.

“Esta compañía específica (Cepheid) hizo una adaptación molecular con unas máquinas pequeñas que ellos tienen para que sea rápido. Es bien importante traerlo porque esa máquina y esa metodología de PCR rápido, aquí, en Puerto Rico es, relativamente, común. Muchos laboratorios de referencia, pequeños de comunidad y hospitales tienen esa máquina, por lo que serían capaces de procesar”, dijo el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico.

Tanto la metodología de PCR tradicional, como la de PCR rápida, requieren que la muestra se tome con un qtip que se introduce por la nariz hasta la garganta. Según explicó Rexach, es una forma muy incómoda para el paciente y que suele provocar estornudos o tos. Por eso, es indispensable que el personal de enfermería o tecnología médica que la tome esté debidamente protegido para evitar contagio. Si la muestra no se toma correctamente, podría significar un falso negativo.

Mientras la metodología del PCR rápido se hace disponible en Puerto Rico, la escasez de reactivos y materiales que componen el kit de las pruebas PCR tradicionales complican la posibilidad de aumentar la capacidad de diagnosticar a mayor escala.

Según reportó The New Yorker el martes, uno de los mayores productores de qtip en el mundo, Copan, ubica en Italia, país que lleva más de una semana paralizado ante la rápida propagación del virus.

En un diálogo con periodistas el 18 de marzo, el cirujano del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el general de brigada Paul Friedrichs, informó que un avión de carga C-17 de la Fuerza Aérea fue enviado a Italia para transportar 500,000 qtips hasta Memphis, donde fueron trasladados a un avión de FedEx para ser distribuidos.

Según ha informado La Fortaleza, hasta este domingo se habían realizado 1,899 pruebas, entre el Departamento de Salud, el Sistema de Veteranos y laboratorios privados.