La compra de equipo tecnológico para estudiantes presentada por la Gobernadora como una nueva medida de desarrollo económico ante el COVID-19 en realidad se haría con dinero del huracán María, que lleva por lo menos un año disponible sin que se firme un contrato. Distinto a lo proyectado, los equipos no estarían disponibles para este semestre escolar, que es cuando se necesitan.
VEREDICTO: ENGAÑOSO
por Tatiana Díaz Ramos | Centro de Periodismo Investigativo
Tras el toque de queda por el coronavirus, la gobernadora Wanda Vázquez Garced anunció el 23 de marzo, como una de sus medidas para reactivar la economía en el periodo de la epidemia, que: “Se otorgarán $250 millones para la compra de tabletas, software y adiestramientos para aproximadamente 325,000 estudiantes, maestros y directores para fomentar la educación a distancia”, con la autorización de la Junta de Control Fiscal (JCF). En un comunicado de prensa enviado ese mismo día por La Fortaleza, la cifra varió de $250 millones a $240 millones.
La carta de la Junta que autoriza esta transacción, con datos provistos por el Departamento de Educación (DE) de Puerto Rico, aclaró que la mitad de estos fondos prometidos por la Gobernadora provienen de fondos Restart.
En abril de 2018, el Gobierno anunció la llegada de $589 millones en fondos del programa federal Restart para la recuperación de las más de 800 escuelas del país, 22 de las cuales nunca pudieron reabrir después de María. No fue hasta marzo de 2019 que se anunció el uso de parte de ese dinero, $300 millones, para comprar computadoras, tabletas, aumentar la banda ancha e instalar accesos inalámbricos de internet (wifi) en todas las escuelas.
Aunque en ese periodo cuatro empresas fueron notificadas como las escogidas para proveer equipo tecnológico y adiestramientos a la comunidad escolar con esos fondos de recuperación, ha pasado un año y no se ha firmado ningún contrato con el DE para las compras que facilitarían la enseñanza a distancia, que se ha presentado como la solución al toque de queda y el aislamiento social debido al coronavirus.
Una resolución de la Legislatura para dirigir una partida de emergencia del Fondo General al DE indica que la asignación para compra o arriendo de equipo tecnológico es de $124,252,500. El restante de los $240 millones anunciados en Fortaleza provienen de los fondos Restart, explicó al CPI el portavoz de la Junta Fiscal, Edward Zayas. De los $589 millones de fondos Restart, $109,044,867 se obligaron para esta compra de computadoras, dicen documentos del DE.
Pero las laptops y tabletas no llegarían a manos de los estudiantes antes de que acabe el semestre aunque se firmen los contratos con las empresas escogidas en abril, tomando en cuenta que la solicitud de propuesta del DE indica que se debe adiestrar al personal de la agencia así como establecer un sistema de inventario, rastreo y distribución de equipos.
Las empresas escogidas son Evertec Group, Computer Network Systems (haciendo negocios como Computerlink), Global Education Exchange Opportunities (GEEO) y Ediciones Santillana. Las cuatro compañías que serán pagadas con fondos Restart, tendrán disponibles $130,273,268 para proveer laptops, tabletas, carros para mover los equipos, sistemas de inventario y rastreo, y adiestramientos a maestros y personal no docente del DE.
La mayor partida de esta propuesta fue asignada a Computerlink, con $94,049,711 para proveer 111,330 laptops, dieciocho mil tabletas y 4,111 carros. La corporación registrada desde 1988 y presidida por Willie Morales González ha obtenido otros contratos con el DE, como el de medio millón de dólares que obtuvo entre 2017 y 2018 para proveer fotocopiadoras e impresoras y otros suministros. En los últimos dos cuatrienios, la empresa no tuvo ningún contrato con Educación.
Le sigue Evertec, que proveería 30 mil laptops para maestros, sistema de rastreo y etiquetado de inventario, y asesoría a la mesa de ayuda técnica (help desk) del DE por $29,948,200. La empresa tiene al menos cinco contratos que sobrepasan el millón de dólares con la agencia este cuatrienio para evaluar e implementar el sistema de matrícula de maestros en cursos universitarios pagados con fondos federales. En el pasado cuatrienio obtuvo tres contratos por una cuantía similar con el Departamento.
GEEO, por su parte, pertenece a la exsecretaria de Educación, Odette Piñeiro Caballero, quien lideró la agencia brevemente durante la administración de Luis Fortuño y es esposa del alcalde penepé de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri. De esta propuesta, GEEO obtuvo $5,123,760 para evaluación, planes de entrenamiento, desarrollo de currículo y manejo de entrenamientos para docentes. Desde la firma de la Ley 85 para la Reforma Educativa de 2018, la empresa ha obtenido contratos para el desarrollo de programas de tutorías, la alfabetización tecnológica para las comunidades escolares, y desarrollo profesional. También se le contrató para hacer el Diseño de Excelencia Escolar (DEE), sistema donde los directores escolares obtienen información de su presupuesto anual. Durante esta administración, la empresa ha obtenido siete contratos que suman alrededor de $2,500,000, y el pasado cuatrienio firmó 12 contratos con Educación para dar adiestramientos que superaron los $8 millones.
Ediciones Santillana, por una partida de $1,151,597, tendrá a su cargo adiestrar maestros y proveer apoyo en el uso de los equipos en el salón. En lo que va de cuatrienio, la empresa ha obtenido poco más de $4 millones en cuatro contratos con la agencia para servicios de adiestramientos a padres, maestros y servicios educativos. Los contratos de Santillana con la agencia el pasado cuatrienio sumaron 18 por casi $30 millones.
Aunque los equipos encargados a Evertec pueden suplir la necesidad del magisterio, que suma casi 26 mil educadores, el equipo para estudiantes delegado a Computerlink alcanza 129,330 entre laptops y tabletas cuando la matrícula para este año es de 290,573 estudiantes, por lo que esta parte de la propuesta atiende solo al 45% de la población estudiantil.
“Por diversas razones, el proyecto de brindar computadoras a parte de la población estudiantil se retrasó. No obstante, la Junta ha puesto todos sus esfuerzos para colaborar con el Departamento en aras de encaminar favorablemente la iniciativa, al punto que ya se le dio el visto bueno a dos contratos. En la medida que se alleguen más fondos federales, los dineros previstos del fondo general se pudieran diferir hacia otros usos dentro de la emergencia. De igual modo, el Departamento está llevando a cabo un análisis y ya detectó una población que no necesita equipo, ya sea porque lo tienen o porque no lo necesitan”, detalló Zayas.
Luego de que se adjudicara una de las propuestas para proveer equipos al Departamento a finales de marzo de 2018, el acuerdo fue cancelado a petición de la Subsecretaría de Asuntos Académicos señalando que “ante el término limitado para cumplir con los objetivos trazados … resulta innecesaria la adquisición de materiales, equipos adjudicados…”.
La adjudicación de la segunda propuesta en marzo de 2019 fue impugnada en agosto por uno de los proponentes, Sesco Technology Solutions LLC, hasta que finalmente en febrero de 2020 el Tribunal Supremo falló a favor del DE. Un mes antes, la agencia obtuvo la dispensa del Departamento de Educación federal para usar los fondos Restart hasta agosto de 2021.
Según el DE, el 100% de estos fondos están asignados con un plan aprobado por el Departamento de Educación federal. El 69% han sido obligados para contratar enfermeras y psicólogos ($20,662,088), comprar libros y materiales ($60,311,562), instalar laboratorios en algunas escuelas ($7,226,609), e instalar cámaras de seguridad ($24,105,822), entre otras compras e iniciativas.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) pidió un desglose del uso de los fondos de recuperación otorgados a la agencia, pero cuatro meses más tarde la solicitud fue respondida con una tabla con los fondos Restart asignados y obligados por categoría sin identificar las empresas o proveedores de servicios y equipos para las que se obligó ese dinero.
Además de esta asignación, se espera parte de los $13.5 mil millones para educación contenidos en la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus (CARES Act en inglés), fondos que llegarán a los distritos escolares a través del Programa federal Título I. El dinero podría usarse para aprender de forma remota y otorga mayor flexibilidad para el cumplimiento de la Ley ESSA, un estatuto federal que sustituyó la Ley para que ningún niño quede rezagado (No Child Left Behind Act).
La Federación de Maestros de Puerto Rico tomó una muestra de 690 familias con estudiantes en el sistema público, la cual arrojó que solo 40% tiene computadora y 65% tiene conexión a internet en la casa. La Encuesta Comunitaria del Censo de 2017 dice que 62% de los hogares tienen computadora, pero toma en cuenta todos los hogares de Puerto Rico, no solo aquellos con estudiantes en escuela pública.
La afirmación de la Gobernadora es engañosa debido a que el dinero que se usará para la compra de equipo tecnológico proviene de fondos de recuperación asignados hace dos años, con el que ya se había prometido hacer lo mismo, y debido a que los contratos no están firmados y el equipo no está disponible durante este semestre, como se quiso proyectar.