Foto por Eric Rojas | Centro de Periodismo Investigativo

Subvención retrasada para pequeñas empresas por pérdidas del huracán María podría salvar negocios en riesgo por el COVID-19

Por Jeniffer Wiscovitch Padilla | Centro de Periodismo Investigativo

Alfredo Rodríguez, propietario de Caldera Café en Santurce, es uno de los muchos comerciantes que todavía esperan por la prometida ayuda económica para sus negocios luego del paso de los huracanes Irma y María hace más de dos años.

Ahora, también se enfrenta los estragos de la pandemia COVID-19, que lo ha obligado a cerrar el coffee shop hasta que concluya el toque de queda impuesto por el Gobierno, por ahora, hasta el 1 de mayo.

Consciente de que habrá personas no se atrevan a estar en lugares cerrados por miedo al contagio, Rodríguez trabaja en la remodelación de su negocio para que los clientes puedan hacer su orden desde la calle, sin tener que entrar. Esto representa una inversión en medio de la crisis, que responde a la nueva realidad.

Mientras tanto, el comerciante espera por alguna respuesta de Gobierno para saber si es elegible o no para el programa de Financiamiento de Pequeñas Empresas (SBF en inglés), que abrió su convocatoria en marzo de este año y al cual Rodríguez solicitó la subvención de $50 mil.

Este programa con fondos CDBG-DR otorga subvenciones de hasta $50 mil para cubrir el capital de operación y el equipo móvil para microempresas y pequeñas empresas que se vieron afectadas por los huracanes Irma y María. Aparte de las subvenciones en esta etapa inicial, el programa ofrecería en el futuro préstamos y una línea de crédito.

“Una inyección de $50 mil para los pequeños negocios, en estos momentos, sería la diferencia entre la vida o muerte para muchos negocios”, dijo Rodríguez, quien tuvo pérdidas equivalentes al 40% por concepto de las ventas de su negocio tras el desastre en el 2017.

Además, tuvo que incurrir en gastos no planificados, como una planta eléctrica y gas.

“Yo no digo que me den los chavos, pero que me digan qué pasa, ¿O voy a tener que esperar de dos a tres años más?”, cuestionó frustrado el comerciante.

Rodríguez ha realizado varias llamadas al Departamento de la Vivienda, la más reciente esta misma semana, para darle seguimiento a su solicitud. Le indicaron que esperara 15 días más para recibir alguna comunicación sobre su caso. Cada vez que llama, le dicen lo mismo. Como él, conoce a cuatro comerciantes que aguardan por información relacionada a la misma ayuda.

Uno de ellos es Juan Pons, propietario de la Hacienda Pons en Castañer. Pons no conoce el estatus de su solicitud, y al igual que Rodríguez, le urge conocer si finalmente recibirá el dinero que le permitirá reiniciar las operaciones de su hacienda de café que estuvieron detenidas desde María, hace más de dos años.

Pons se dedicaba a la compra, procesamiento y exportación del café. Luego, comenzó un nuevo proyecto de un coffee shop y un centro de visitantes en la hacienda, invirtiendo de su propio dinero. Sin embargo, no lo pudo terminar por falta de capital.

Con el dinero de SBF podría terminar este proyecto y comenzar nuevamente con su negocio de compra y procesamiento de café. Esto generaría de “seis a 10 empleos en la montaña, donde la gente no tiene donde trabajar”.

“Lo más importante que hay ahora mismo es esta ayuda por María”, expresó Pons.

Luis Carlos Fernández Trinchet, secretario de la Vivienda, reconoció al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que existe una dilación en el proceso de análisis de las solicitudes al programa de Financiamiento de Pequeñas Empresas, lo que atribuyó a factores como la falta de personal debido a la cuarentena. Indicó que actualmente hay analizando las solicitudes solo 15 empleados del Banco de Desarrollo Económico, que es el sub recipiente de los fondos del programa y responsable de analizar las solicitudes y desembolsar el dinero. Estos empleados trabajan desde las casas, donde no cuentan con un sistema que les permita hacer un desembolso de dinero, indicó. De no ser por la emergencia, unos 60 empleados estarían realizando estas funciones, aseguró.

Ante esta situación, el funcionario pidió “un poco de paciencia”, y aseguró que en los próximos 30 a 45 días deben comenzar los desembolsos.

“Dos años más [de espera por ayuda tras María] no va a ocurrir. De hecho, la forma en que estructuramos el programa es que fuera en forma de subvención y no préstamo. Un préstamo ya implicaba un análisis mucho más profundo. El tema de los 30 a los 45 días, yo creo que es algo más razonable. Aquí, más allá de la solicitud y verificar si la persona o a la entidad es elegible, se le va a tramitar el desembolso del dinero. El problema es cuándo nos vamos a reintegrar a las oficinas”, sostuvo el Secretario.

La alternativa de una línea de crédito y préstamos aún no están disponibles “dado que se espera un regreso paulatino a las oficinas”, indicó el funcionario.

Explicó que el Departamento de la Vivienda tenía dos opciones: no hacer nada hasta que pasara la emergencia por el coronavirus y los empleados se reintegraran a sus trabajos, o adelantar el proceso de comenzar a realizar las solicitudes y analizarlas. Escogieron la segunda opción.

A la fecha, se han sometido 922 solicitudes para el SBF, número que quedó muy por debajo de las proyecciones del Departamento de la Vivienda, que esperaba que a este momento hubiera cerca de 2,000 solicitudes. El formulario para solicitar se accede en: www.cdbg-dr.pr.gov/financiamiento-para-pequenas-empresas/.

El Secretario entiende que una posible razón para que la gente aún no haya solicitado estos fondos es que se han concentrado en otras ayudas que se están ofreciendo actualmente por el COVID-19, entre ellas el incentivo de los $500 del Departamento de Hacienda, los $1,500 del Banco de Desarrollo Económico y el desempleo.

Los fondos del programa pueden ser usados para hasta seis meses de gastos documentados de capital de operaciones, hipoteca o alquiler mensual de la oficina o instalaciones de la empresa, salarios mensuales y beneficios de los empleados, excepto del propietario, servicios básicos como agua, electricidad, gas, cable, teléfono e internet, y equipo no fijo en una propiedad inmueble.