por Damaris Suárez | Centro de Periodismo Investigativo
En los más de veinte años que llevo trabajando como periodista jamás había presenciado un bochorno colectivo en un evento electoral como el vivido el pasado domingo. Aún me cuesta creer el entramado de errores y el nefasto precedente que se creó a raíz de los problemas para cumplir con la responsabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para asegurar el ejercicio del derecho al voto de miles de electores en las primarias de los dos principales partidos políticos.
Hacía meses que varias fuentes al interior de la CEE me habían alertado sobre la manera en que su presidente, Juan E. Dávila Rivera, estaba manejando la entidad: sin experiencia electoral y descartando a aquellos que sí la tienen. Como dicen, nada es peor que el que no sabe, pero tampoco se deja asesorar.
Dávila Rivera fue nombrado juez y presidente de la CEE en septiembre de 2018 por el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares, luego de la fulminante salida del exjuez Rafael Ramos Sáenz de la dirección de la CEE tras revelarse que este participaba en eventos del Partido Nuevo Progresista (PNP) y hasta consultó en un chat determinaciones de la CEE con miembros de la campaña del entonces candidato a la gobernación Rosselló Nevares.
Cualquiera hubiera pensado que tras la mancha que dejó el hoy convicto juez, la CEE debía tener como norte trabajar con mucho afán para recuperar la confianza de los ciudadanos. Ese afán no se dio, por lo menos no desde la presidencia, a quien se le responsabiliza por las fallas en la falta de preparación electoral, lo que agrava la falta de confianza de los ciudadanos en la institución.
Allegado del entonces secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario, y sin experiencia política o electoral alguna, Dávila aseguraba en aquel momento que su objetivo principal sería trabajar con la imagen de la CEE para demostrar que a pesar del escándalo del chat político de WhatsApp, los procesos dentro de esa institución son confiables.
“Debemos recordar que el Código Electoral dispone que tanto el presidente de la CEE como los presidentes de las comisiones locales responden al interés público, que ese debe ser su único objetivo y su único fin al momento de tomar las decisiones”, había dicho.
Pero, al menos dos fuentes al interior de la CEE, y una tercera vinculada al PNP, me aseguraron que desde su llegada Dávila ha actuado favoreciendo a esa colectividad en sus determinaciones como si fuera “un soldado de fila del PNP y no un presidente que decide en balance del mejor interés público”.
Según las fuentes, el caos ocurrido el domingo 9 de agosto, durante la fracasada jornada primarista, es el resultado de la falta de experiencia electoral de Dávila, quien ha optado por tomar decisiones unilaterales y sin consultar al personal experimentado de la CEE.
Pese a la resistencia casi unánime de la oposición política a los cambios al Código Electoral, Dávila se alineó con el PNP apoyando el proyecto legislativo. Acudió a las vistas públicas para apoyar la medida, lo que según las fuentes, cayó mal al interior de la CEE, por no ser parte de los deberes su puesto. A solo horas de haberse convertido en ley, Dávila Rivera envió cartas para que abandonaran sus posiciones inmediatamente a los dos vicepresidentes de la CEE y a los subsecretarios, José Crespo y Sostycelie Galarza.
Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), sostuvo que al despedir al segundo y tercer vicepresidente de la CEE, Nicolás Gautier y Carlos Avilés, respectivamente, el presidente de la CEE prescindió de dos de las personas con más experiencia y conocimiento electoral, y que tenían a su cargo proyectos específicos, como coordinar las Juntas de Inscripción Permanentes (JIPS) y mantener al día el Registro Electoral. Ninguna de esas tareas fue reasignada, quedándose en el aire parte fundamental de los preparativos para la jornada electoral.
Aponte cuestionó además, la determinación de Dávila Rivera de aumentar el sueldo al personal de su confianza sin decirlo y ni consultarlo con los comisionados electorales. Se refiere a los nombramientos de José J. Pintor como director de Administración, Juan Rosario como Ayudante Ejecutivo y Manuel González como su Ayudante Especial. Pese a plantear que la CEE tiene graves problemas presupuestarios, el presidente de la CEE admitió públicamente que estos nombramientos conllevaban un alza salarial.
Aponte y otras dos fuentes confirmaron que desde que llegó en 2018, Dávila Rivera tampoco ha reunido al componente electoral, un grupo de empleados con representación de todas las oficinas a cargo de operar los procesos electorales. En el pasado, este grupo se reunía todas las semanas, aseguraron.
Dávila Rivera aseguró el pasado domingo que el caos primarista se debió a que la imprenta entregó con retraso las papeletas. Esta afirmación no solo fue rechazada por la empresa Printech, que mediante declaraciones escritas aseguró el lunes que, sin recibir el pago, cumplieron con las órdenes de compra de la CEE. Además, según fuentes y documentos, el Presidente de la CEE no cumplió con las fechas establecidas por el calendario electoral, entre ellas el 10 de junio, en la cual la CEE tenía que preparar la lista oficial de todos los aspirantes en la contienda primarista y la información que iría en la papeleta.
Otra fuente me aseguró que la orden de compra fue entregada a la imprenta el 7 de julio. Luego de eso, en dos ocasiones, se descubrió que los archivos de contenido de las papeletas tenían errores y la CEE tuvo que corregirlos, por lo que la impresión se retrasó unos días más.
“Por eso es que se le hizo tarde a la imprenta. Tampoco cumplió con certificar con tiempo los centros de votación”, sostuvo una de las fuentes.
Horas pasaron el domingo antes de que Dávila Rivera hiciera expresiones públicas. Mientras reinaba el caos en centros de votación repletos de electores que no pudieron votar porque nunca llegaron papeletas, el Presidente de la CEE guardaba silencio pese a que es el funcionario encargado de dar cara, explicar las reglas de juego y asumir responsabilidades y darle confianza a la gente en el proceso. “No sólo eso, sino que permitió que dos presidentes de partidos que son candidatos en esas primarias cambiaran las reglas del juego”, cuestionó otra de las fuentes, al referirse a la decisión de Tomás Rivera Shatz y Aníbal José Torres de posponer la votación en los colegios que no pudieron abrir porque no llegaron las papeletas.
Sí tuvo tiempo de contestar una llamada del precandidato a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, que lo llamó para oponerse a que se suspendiera el proceso de votación. Nunca pudo explicar qué, si algo, le respondió el funcionario.
Varios días han pasado desde que un sinnúmero de funcionarios y sectores de la población, incluyendo a la gobernadora y a la comisionada residente en Washington, Wanda Vázquez Garced y Jennifer González respectivamente, le hayan pedido su renuncia. Dávila aún se mantiene en su puesto, mientras en Puerto Rico reina la incertidumbre electoral e internacionalmente se discute el caos y el papelón del domingo.
La desconfianza sobre el proceso y el escepticismo se han generalizado entre los ciudadanos. De un país reconocido por la efectividad de sus procesos electorales, hemos pasado a ser lo contrario.
Dávila Rivera ha anticipado que renunciará cuando culmine el proceso primarista. Saldrá de su posición dejando una CEE desprestigiada e inoperante. A menos de tres meses de las elecciones generales – un proceso mucho más complejo que las primarias – existe la preocupación de que ese día se repita el fiasco del domingo, una pesadilla que se debe evitar.