La subcontratación de empresas que provienen principalmente de EE UU ha sido la norma en los primeros seis meses de facturación tras el acuerdo de privatización de la red eléctrica.
Por Eliván Martínez Mercado I Centro de Periodismo Investigativo
La contratación de una firma de abogados que cobra hasta $1,245 por hora. La subcontratación de compañías foráneas como Alumbra, de Colorado, que ha facturado hasta $1.3 millones en un solo mes por hacer planes de la transformación del sistema energético sin haber pasado por un proceso competitivo. Así se ven las primeras seis facturas que LUMA, la empresa que administrará la red de transmisión y distribución desde junio, ya le ha enviado a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
La corporación pública no tiene la capacidad de revisar de una forma transparente las facturas, denunció Robert Poe, miembro de la Junta de Gobierno de la AEE, en una reunión de ese cuerpo el 16 de diciembre de 2020. Su crítica surge porque hasta ahora la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), que supervisa el contrato con LUMA, no le ha permitido analizar la totalidad de los documentos para asegurarse de que los gastos se justifican.
Declaraciones similares hizo el representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno, el ingeniero Tomás Torres. Denunció que, además de su tarifa fija mensual de $5 millones, LUMA cobra cada mes un promedio de $7.8 millones en gastos reembolsables, sin incluir el registro original de horas trabajadas, los recibos de compra y otra información necesaria para su evaluación.
La contratación del consorcio canadiense-estadounidense LUMA es el desenlace de un proceso de privatización que comenzó durante la administración del ex gobernador Ricardo Rosselló, después de que el huracán María destruyera la red eléctrica y tras el historial de fracaso administrativo de la quebrada corporación pública. El principal oficial ejecutivo de LUMA, Wayne Stensby, y el director ejecutivo de la AAPP, Fermín Fontanés, han dicho al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que esta alianza público privada logrará ahorros en la gestión del sistema eléctrico y que redundará en negocios con compañías locales, para que también se beneficien de la actividad económica relacionada a la transformación y la recuperación. Pero en los primeros seis meses de arranque, esta no ha sido la realidad, según se evidencia en las facturas.
De las veinte empresas que más han facturado a LUMA en este periodo, sólo una es de Puerto Rico, la firma corredora de seguros Vidal & Rodríguez, según un análisis hecho por el CPI.
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En septiembre, cuando LUMA facturó la mayor cuantía de gastos reembolsables (más de $5 millones), las empresas locales eran contratadas principalmente para servicios que resultaron en baja facturación en comparación con las foráneas. Por ejemplo, las facturas más altas de las empresas locales fueron las de la aseguradora Triple-S, con $26,000 y las de la consultora de recursos humanos BMA Group con $21,538.
“En esta etapa inicial, LUMA está viniendo a Puerto Rico a levantar su operación. Por eso estás viendo compañías de Estados Unidos que están trabajando con ellos”, justificó Fontanés. Alegó que cuando se complete la transición y la APP comience en junio a administrar la red, sería cuando las empresas locales se contratarán. “LUMA no va a coger el dinero y lo va a hacer todo ellos”, afirmó.
Además de la poca participación hasta ahora de las empresas locales, están los altos costos de los servicios de consultores y abogados. Francisco Cerezo, un ejecutivo de la firma multinacional DLA Piper, que ha dado representación legal y administrativa a LUMA, facturó en septiembre pasado $47,475 por 45 horas de servicio: $1,055 por hora. Hariett Lipkin, socia de esa misma compañía, facturó $9,043 por 7.3 horas de trabajo (menos de una jornada laboral), cobrando entre $1,200 y $1,245 la hora. Esta tarifa “parece gigantesco pero es normal”, ya que eso es “lo que cobra ese tipo de bufete”, añadió Fontanés.
Sin embargo, esta cifra es mucho más de lo que ganan, por ejemplo, los socios de Proskauer Rose ($789 la hora), el bufete estadounidense contratado por la Junta de Control Fiscal para liderar los casos de la quiebra de Puerto Rico.
Aún sin pruebas de ahorros
En los desgloses de los costos y gastos reembolsables de los primeros seis meses de servicios de la empresa, aparece Alumbra LLC como la subcontratista que más ha facturado a LUMA. Esa compañía de servicios profesionales de ingeniería tiene domicilio en Denver, Colorado. Registrada para hacer negocios en Puerto Rico en agosto de 2020, Alumbra ha facturado $4.7 millones entre julio y diciembre de 2020 por hacer planes de infraestructura, tecnología y procesos, manejo de vegetación, servicio al cliente, y transición del manejo de la red.
“Hasta ahora no hay rendición de cuentas sobre los ahorros de LUMA”, sostuvo Cathy Kunkel, analista del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), que desde 2015 ha estudiado y publicado informes sobre la bancarrota y el sistema eléctrico de la AEE. “Un tema que preocupa es si LUMA va a estar dependiendo mucho de contratistas a corto plazo, de empresas que no tienen conocimiento institucional de Puerto Rico”.
La entrada de la empresa ocurre cuando la AEE busca una manera de salir de una deuda acumulada de casi $18,000 millones en bonos, pensiones, compra de combustible y cuentas por pagar, entre otros, y cuyo proceso de reestructuración se encuentra en una especie de limbo indefinido.
El CPI preguntó a Fontanés por qué no hubo un proceso competitivo abierto antes de la adjudicación de contratos de servicios de LUMA 一 un asunto que salió a relucir en la reunión de la Junta de Gobierno de la AEE en diciembre 一. “Ellos [LUMA] están trayendo la gente que entienden que es la mejor”, indicó Fontanés. “Es la receta que nos vendieron a nosotros de cómo lo iban a hacer… Nosotros tenemos que confiar en su peritaje”, señaló.
Las facturas de LUMA tienen una parte fija y una de gastos variables, en la que se incluyen las empresas de servicios y bienes subcontratadas. En esta, hay partidas de productos únicos de tecnología con reconocimiento en el mercado, como la aplicación de manejo de recursos humanos Workday ($985,428 facturados hasta ahora), que usan grandes empresas o hasta universidades públicas. También se encuentran servicios de la firma de consultoría administrativa Alvarez & Marsal Corporate Performance Improvement, con sede en Nueva York ($1.4 millones facturados hasta ahora). American Relocation Connections, de Virginia, que ofrece servicios de mudanza para ejecutivos y empleados de LUMA, ha facturado $792,581.
Hay gastos cobrados por las mismas empresas que componen el consorcio LUMA, como la canadiense ATCO y la tejana Quanta, por traslados de ejecutivos, pasajes y hoteles, entre otros.
Robert Poe, miembro de la Junta de Gobierno de la AEE desde que Rosselló lo nombró en 2018, sostuvo que hay una burocracia creada por los consultores de la AAPP que trabajan con las facturas, que “ha hecho prácticamente imposible que veamos la facturación variable”, según indicó en la reunión. “Lo que es una locura porque las leyes 120 y 17 nos requieren auditar las cosas para cumplir con nuestras metas financieras. Entonces, recibimos peticiones escandalosas de los consultores de la AAPP de pedir permiso con dos días de anticipación. No podemos sacar fotos, no podemos sacar copias”, denunció.
También mencionó que LUMA ha estado solicitando contratos para la compra de impresoras y aplicaciones de servicio al cliente que sean facturados como gastos de la AEE y firmados por su director ejecutivo, Efrán Paredes. Poe indicó que se opone a este tipo de gastos que no siguen el proceso de compra que sí tiene que cumplir la AEE, por lo que solicitarán una dispensa a la Junta de Control Fiscal. Poe indicó que esta acción es indispensable para evitar una reclamación o “herida de bayoneta” de la Junta de Control Fiscal, que desde 2018 ha estado exigiendo procesos abiertos de compra en la corporación pública.
La Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico presentaron a principios de enero resoluciones para investigar el consorcio, y el gobernador Pedro Pierluisi, creó un comité gubernamental para analizar ese contrato con el objetivo de enmendarlo de ser necesario. La primera reunión será el 4 de febrero y en esta se establecerá el plan de trabajo, informó una portavoz de La Fortaleza.
Pierluisi se reunió el 27 de enero con Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) y su representante legal, el abogado Rolando Emmanuelli, quienes reiteraron su petición de que se cancele el acuerdo.
LUMA sostuvo en un comunicado que el contrato es definitivo, vinculante y exigible para las partes, luego de su ratificación por la Junta de Gobierno de la AEE y la aprobación de la Junta de Control Fiscal, el Negociado de Energía de Puerto Rico (ente regulador del sistema energético) y la ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez.
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