CHEQUEO DE DATOS | VEREDICTO: EXAGERADO
José M. Encarnación Martínez | Centro de Periodismo Investigativo
En su primer Mensaje de Estado, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia aseguró que “la reapertura de sobre 100 escuelas públicas que están acondicionadas para recibir a sus estudiantes ha sido el comienzo de un proceso que no culminará hasta que todos nuestros niños y niñas tengan un plantel seguro para sus estudios”.
Como todos los miércoles el Departamento de Salud publicó el Informe semanal del Análisis de Transmisión Comunitaria del COVID-19 para la toma de decisiones en las comunidades escolares en Puerto Rico. Aunqueal finalizar el mensaje del primer ejecutivo no se había circulado el documento correspondiente a esta semana, una vez publicado se supo que 38 municipios figuraban con un alto nivel de transmisión: Aguada, Aguadilla, Cabo Rojo, Camuy, Canóvanas, Carolina, Cataño, Cayey, Ciales, Coamo, Comerío, Corozal, Dorado, Guayanilla, Hatillo, Hormigueros, Jayuya, Juncos, Lares, Las Marías, Loíza, Luquillo, Moca, Morovis, Naguabo, Naranjito, Orocovis, Quebradillas, Rincón, Río Grande, Sabana Grande, San Juan, San Lorenzo, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado y Vega Alta.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) confirmó que 82 escuelas públicas y 74 privadas habían recibido una certificación final que garantice el cumplimiento de cada plantel con los protocolos para el manejo del COVID-19, contrario a la mención de “sobre 100 escuelas públicas” de Pierluisi. Asimismo, que 243 escuelas contaban con una precertificación: 127 públicas, 115 privadas y un centro preescolar.
Para la doctora en Salud Pública, Marysel Pagán Santana, el panorama no luce alentador de cara a los próximos días.
“En términos de las escuelas, vamos a tener a la mayoría de los municipios en una situación no favorable para las clases presenciales, tanto por los indicadores como por las proyecciones. Tenemos una cantidad razonable de municipios en alto nivel de transmisión, que no permite clases presenciales, pero el resto de los municipios están en nivel naranja. La expectativa es que esos municipios en naranja alcancen el rojo en los próximos días. Así que estamos hablando de que, a nivel isla, las clases presenciales no deberían estar llevándose a cabo, en combinación con las denuncias de diferentes gremios por el incumplimiento con los protocolos”, aseguró la asesora en temas de salud y seguridad ocupacional de trabajadores esenciales de la Mesa Social.
Pagán Santana añadió que “claramente, hay una necesidad de establecer mejores restricciones y prestar atención a lo que es el regreso presencial a las escuelas, dando la instrucción de regreso a las clases virtuales en lo que se controla este crecimiento exponencial que estamos observando.
Como recientemente publicó el CPI, el hecho de que una escuela se haya precertificado para reabrir no garantiza el cumplimiento con los protocolos. La precertificación de una escuela es responsabilidad del director o de un representante escolar. Esa precertificación es una declaración de cumplimiento con los protocolos y permite la apertura de la escuela, condicionada a la evaluación de los epidemiólogos del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos (SMICRC). Son estos funcionarios quienes someten los resultados de esa inspección escolar al Departamento de Salud y a partir de ese proceso se produce la certificación final en caso de que se confirme el cumplimiento con los protocolos.
Al menos 25 escuelas no recibieron aprobación luego de la evaluación correspondiente. De ese total, 13 eran públicas, 11 privadas y había un centro preescolar.
En el último informe de comunidades escolares de marzo, 14 municipios figuraban con un nivel alto de transmisión: Barranquitas, Ciales, Florida, Hatillo, Juana Díaz, Lares, Loíza, Orocovis, Quebradillas, Rincón, Sabana Grande, San Germán, Toa Baja y Utuado.
A la primera semana de marzo sólo cuatro de las 115 escuelas que el Departamento de Educación anunció para abrir tenían una certificación final de un epidemiólogo y 59 contaban con una autocertificación preliminar, lo que en ese momento representaba un 4% del universo de escuelas del Departamento de Educación.
La afirmación de Pierluisi de que “sobre 100 escuelas públicas que están acondicionadas para recibir a sus estudiantes” es exagerada porque a la fecha menos de 85 escuelas públicas están debidamente certificadas para recibir estudiantes.