La Fortaleza responsabiliza a la Junta de Control Fiscal y pone su fe en que el Plan de Rescate Americano traiga fondos para, al menos, un proyecto piloto que haga frente a este reto social.
Por Tatiana Díaz Ramos | Centro de Periodismo Investigativo
Un mes después de juramentar como gobernador, Pedro Pierluisi, compartió las prioridades presupuestarias de su administración para el 2021-22 prometiendo una asignación de $5.5 millones para combatir la pobreza infantil. Tres meses más tarde, esa partida se redujo a $1.2 millones para un “proyecto piloto”, según se desprende de la resolución de presupuesto para el año fiscal. Para sorpresa de nadie, La Fortaleza responsabilizó a la Junta de Control Fiscal por el recorte, sin que fuera retado en el presupuesto presentado por el Ejecutivo a la Legislatura. En una carta del 10 de mayo, la entidad aprobó la solicitud del Gobernador para reconsiderar la asignación para el proyecto por $1.2 millones.
La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) no ha hecho público el tracto de las enmiendas que Pierluisi hizo a su presupuesto ni la evidencia para saber si el Gobierno protestó en contra de esta reducción.
Pierluisi estima que para contrarrestar la pobreza infantil es necesaria una inversión de $4,400 millones anuales a largo plazo, según indicó en el comunicado que anunció la orden ejecutiva que establece la Comisión Asesora sobre la Pobreza en Puerto Rico. Sin embargo, esta cifra apenas representa lo que ya le cuesta anualmente al país una niñez viviendo bajo los niveles de pobreza, tomando en cuenta el desempleo y los bajos salarios, así como mayores gastos en salud y educación especial, calculó el Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ) en un estudio que compartió con los candidatos a la gobernación en octubre de 2020.
Este estudio destaca que para el 2017 el 58% de los niños y niñas en Puerto Rico vivían bajo el nivel de pobreza, mientras que el 37% vivía en pobreza extrema, con ingresos anuales rondando los $3,900.
El Instituto compartió recomendaciones para atajar la pobreza infantil a corto, mediano y largo plazo combinando políticas económicas, tributarias, laborales y de desarrollo de capital humano. A corto plazo, la combinación de algunas de estas políticas representaría una inversión mínima a tres años de $6,474 millones, dos millones por encima de lo que el Primer Ejecutivo estimó en inversión.
Ante el significativo recorte presupuestario al programa piloto, Pierluisi dijo confiar en que los aumentos a nivel federal de los créditos por trabajo y por hijos dependientes sean dos estrategias “sumamente efectivas” para combatir la pobreza infantil. “El Gobernador estará utilizando fondos de la Ley de Rescate Americano para dar apoyo a nuestras familias vulnerables”, indicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) la secretaria de prensa de La Fortaleza, Sheila Angleró, en comunicación escrita.
El plan del presidente Joseph Biden contempla acceso universal a la educación preescolar, reducir los costos de educación superior para estudiantes de minorías, y expandir los programas de asistencia nutricional, entre otros.
La creación de la Comisión Asesora de la Pobreza con la firma de la orden 2021-039, que será presidida por la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz,llega al tiempo que en el Senado se radicó el proyecto 293, que propone crear otro grupo, la Comisión Especial para la Erradicación de la Pobreza Infantil, también adscrita a Familia. Aunque el proyecto tuvo una primera lectura y fue referido a la Comisión Especial para la Erradicación de la Pobreza del Senado a principios de abril, no se ha movido de la gaveta de la presidenta de esa comisión, Elisabeth Rosa Vélez, quien espera por memoriales explicativos para convocar vistas públicas.
La Comisión Asesora de la Pobreza, compuesta por 19 miembros del sector público y privado, establecería recomendaciones de política pública y legislación para atender la crisis de la pobreza, y evaluaría las recomendaciones tanto del IDJ como de las iniciativas contenidas en el plan Comunidades 2050, que desarrolló la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) para administrar los fondos del Paquete de Subvenciones para Servicios a la Comunidad (CSBG por sus siglas en inglés).
Los diez funcionarios que integran la Comisión son los secretarios de los departamentos de Hacienda, Desarrollo Económico y Comercio, Educación, Vivienda, Trabajo y Recursos Humanos, Agricultura y Salud; así como los directores ejecutivos de las Oficinas de Gerencia y Presupuesto, Desarrollo Socioeconómico y Comunitario, y la Procuraduría de las Mujeres. Esta Comisión, ordenada por Pierluisi en mayo, se tomará hasta agosto para rendir su primer informe.
A seis meses de un Gobierno compartido, el recorte del 80% del presupuesto prometido para combatir la pobreza infantil y la duplicidad de esfuerzos amparada en la noble intención de erradicar la pobreza no auguran progreso en un asunto tan importante para verdaderamente generar cambios en el País. Tanto la Legislatura como el Ejecutivo le dan así largas a un asunto ampliamente estudiado desde distintas perspectivas bajo gobiernos rojos y azules a lo largo de la historia reciente del país antes que, por ejemplo, anular o enmendar las leyes que promueven la desigualdad y la falta de acceso a las condiciones mínimas que permitan el desarrollo de la población que vive bajo pobreza.
Ambos poderes siguen enfrascados en una batalla por enmendar el presupuesto que debe certificar la Junta el próximo 30 de junio. Según Pierluisi, esas enmiendas dejarán al programa piloto para erradicar la pobreza infantil sin presupuesto luego que la Cámara de Representantes eliminara el pasado sábado esa asignación, un señalamiento que rechazó el presidente de la Comisión de Hacienda de ese cuerpo, Jesús Santa. Las enmiendas no se han hecho disponibles tampoco. La medida pasó al Senado.